No voy a hablar de aquellos jueces y fiscales – que se reconocen sin necesidad de ser mencionados – por su valentía en enjuiciar aquellos y defender estos de manera imparcial e independiente asuntos de SAP y denuncias falsas de violencia de género, no doblegándose a la ideología de género y dando prioridad siempre a la ley. Voy a referirme a la gran multitud de jueces y fiscales que desobedecen de manera consciente la Constitución Española y que ignoran la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989. Estos profesionales son cobardes y débiles, se burlan de los justiciables con sus sentencias injustas y arbitrarias, cuando no prevaricadoras; se creen por encima del bien y del mal y de servidores de la Ley se creen sus amos, como señala acertadamente Luis Bertelli en su libro “ JUECES A JUICIO”. Son tan responsables del mal que causan a diario a los menores víctimas de SAP o los trasladados ilícitamente por uno de sus progenitores, o a los padres denunciados falsamente por violencia de género, como aquellos jueces que guardan silencio sobre el maltrato psicológico que se ejerce sobre los menores por un progenitor frente al otro para apartarle de su amor y cariño.
A aquellos jueces y fiscales cobardes, prepotentes y déspotas os digo: las injusticias cambian de víctimas con increíble rapidez y es muy probable que cualquier día os toque a vosotros vivirlas y que seáis juzgados – alguno de vosotros ya habéis probado de vuestra propia medicina- por otros jueces con la misma vara de medir que vosotros usáis con los justiciables y que no os atrevéis a utilizar con los poderosos, comportándoos, según descripción de Voltaire como “bueyes con el Poder y tigres con los ciudadanos”, y así con vuestras polémicas sentencias hacéis que los ciudadanos continúen mirándoos cada vez con mayor recelo y desprecio, y aunque muchos de vosotros afirmáis que hay que hacer esfuerzos para recuperar la confianza en la Justicia, sabéis que sois los causantes de tal desconfianza.
Cuando la ideología de género predica en el ámbito judicial que “hay que acabar con el patriarcado”, en realidad lo que se quiere es perpetuar el desamparo judicial de los padres varones, bien en los procesos de divorcio, bien en los procesos de modificación de medidas, bien en los procesos de medidas provisionales, bien en los procesos de violencia de género. Desde la entrada en vigor de la Ley de Violencia de género vengo observando un agresivo y peligroso dominio femenino con perspectiva de género en el ámbito judicial y familiar. Este dominio, amparado por jueces y fiscales cobardes o dóciles con el Poder, al seguir aquellos las Guías o Instrucciones que dicta el Observatorio de Violencia de Género negacionistas del SAP (guías prohibidas por el propio art. 12.3 LOPJ) y éstos las Instrucciones que dicta la Fiscalía General del Estado con sus falacias sobre la inexistencia del SAP y las denuncias falsas de violencia de género, lleva años dejando a los menores y a los hombres sin voz y judicialmente en absoluta indefensión ante los ataques del feminismo con perspectiva de género, cada vez más frecuentes y siempre, tras estos ataques – amparados por políticos infames y asociaciones feministas radicales- está el despecho, odio y el interés económico para obtener ventajas en el proceso de divorcio. Estos ataques que son amparados por jueces y fiscales se materializan en que, si una mujer sustrae penalmente o traslada ilícitamente a su hijo sin el conocimiento y consentimiento paterno, no tiene ninguna consecuencia para aquella. Igualmente, si interponen una denuncia falsa o instrumental de violencia de género tampoco tiene ninguna consecuencia. Los jueces y fiscales no persiguen esta clase de denuncias, cobijándose en la falsedad de que, “las denuncias falsas de violencia de género no existen”. Pretenden hacer de los ciudadanos una especie de peleles o imbéciles infantilizados al intentar hacernos creer que las denuncias falsas de violencia de género no existen. Si existen denuncias falsas en todos los delitos, más aún si cabe existen en los procesos de violencia de género. Afirmar el disparate de que no existen es lo mismo que decir que las mujeres no mienten o que todas ellas son seres de luz.
Es muy fácil identificar la cobardía de estos jueces y fiscales. Basta con leer sus resoluciones judiciales para percatarse de la violación de derechos humanos que a diario veo en los tribunales. Hay abogados que justifican esa cobardía de estos jueces diciéndoles a sus defendidos que enfrentarse al juez supone perder el juicio, cuando es precisamente al revés, pues los jueces no quieren tener problemas si se están apartando de la legalidad si además se hacen públicos sus comportamientos a través de los medios de comunicación y redes sociales. El abogado que no denuncia la violación de los derechos fundamentales de sus clientes, que no interpone recusación frente a esta clase de jueces, o incluso querellas por prevaricación, lo hace a cambio de ceder en los derechos de su cliente y el de sus hijos, que le fueron encomendados sin reservas, ocasionándoles así una grave indefensión.
En los procesos se habla de los deberes de los contendientes y de sus abogados, nunca de los que conciernen a los jueces y fiscales, y son muchos los deberes de los jueces, entre los que destaca:
1º.- El deber de imparcialidad, alejamiento respecto de las partes, comparándosele con la mujer del César que no solo tiene que ser honesta sino parecerlo. Son muchos los jueces que teniendo el deber de abstenerse no lo hacen y se inclinan casi siempre (salvo que la mujer sea una alcohólica, drogadicta o haya abandonado a su hijo en un contenedor) hacia la mujer. En igualdad de condiciones, cuando un padre solicita la custodia paterna y la madre la materna, siempre se otorga la custodia a la madre por el mero hecho de ser mujer, vulnerándose de manera sistemática la no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE).
2º.- El deber de evitar la injerencia judicial en la vida privada de los litigantes entrando a cuestionar su forma de educar a sus hijos.
3º-. Deber de ciencia, porque no es juez el que llega por oposición, sino el que se forma con el estudio diario del Derecho, tras el desempeño de su función, para poder dar a cada uno lo que le corresponde.
4º.- Deber de diligencia, porque se debe reparar pronto y bien el daño hecho al justiciable. Esto brilla por su ausencia en el tráfico jurídico diario.
5º.- El deber de decoro. Por los juzgados de familia y de violencia de género transita mucho dolor y ello no les importa absolutamente nada a un altísimo número de jueces. No tienen el respeto y consideración debida a los abogados y justiciables. Si los ciudadanos que todavía confían en la Justicia se pasearan por estos juzgados se percatarían que son un teatro inaceptable e intolerable en un Estado de Derecho.
La gran mayoría de manera incomprensible se limita a criticar a muchos de los jueces, sin buscar resolver tal situación a través de los mecanismos apropiados como la recusación o la querella por prevaricación. Hay que desterrar la idea de que ese camino es complicado, desagradable o imposible, pues es el único camino a seguir. La recusación debe ser el último recurso, pero no podemos aquietarnos mientras vemos al juez favorecer injusta e inmotivadamente a la parte contraria. El no hacer nada al respecto, además de conducirnos a perder el pleito, nos hace cómplices del actuar de ese juez “por no sujetarlo a las cadenas de la Constitución” – en palabras de Jefferson-.
Los ciudadanos y los abogados no deben resignarse ante comportamientos irregulares e ilegales de los jueces españoles. Debemos ser intransigentes con esta clase de jueces – también fiscales-, recordándoles siempre su juramento. No nos regalan nada por pedir lo que nos corresponde, siendo una humillación el hincarse de rodillas o resignarte cuando tienes razón de hecho y de derecho. Entre todos tenemos que empezar a crear bibliografía sobre las víctimas del Poder Judicial. No enterremos el esfuerzo tan enorme que otros hicieron para limitar el poder. Necesitamos una Justicia en la que los juicios no estén resueltos antes de empezar y que juzgue a las personas por lo que hicieron, no por su sexo.
En España los jueces no rinden cuentas de su actuación ante la justicia. Esto solo ocurre excepcionalmente cuando hay intereses políticos de por medio. Pero la realidad del ciudadano de a pie, es que frente a los atropellos y desmanes de multitud de jueces estos quedan exentos de responsabilidad civil y penal. Se les puede denunciar, pero rara vez sirve, dado que se juzgan entre ellos, y de manera arbitraria – cuando no prevaricadora- se rechazan la práctica totalidad de las querellas que se presentan frente a ellos. A veces los miembros del Tribunal que deben juzgar a estos jueces son amigos o pertenecen a una misma Asociación.
Si queremos acabar con la impunidad judicial es necesario incluir la prevaricación judicial entre los delitos que deben ser juzgados por el Tribunal del Jurado. Mientras no se consiga, seguirá la prepotencia, arrogancia y sus actuaciones estarán por encima del propio Estado, convencidos aquellos de que hagan lo que hagan jamás les va a ocurrir nada. No sienten temor alguno por una Ley que no respetan.
El corporativismo hace que la impunidad judicial tome cuerpo, corroyendo la Justicia, el pilar más firme de un Estado de Derecho. Y esos jueces que no sancionaron a sus compañeros son doblemente culpables. Por no obedecer el mandato de la norma penal que les imponía castigar a quienes la incumplieron, alentándoles así a seguir en sus conductas desviadas. Más grave que el delito fue su no investigación o su absolución. Sin olvidar a quienes debiendo denunciar a sus compañeros prefirieron ignorar lo que vieron – “ lo que más nos daña de la gente mala es el silencio de la gente buena”, Gandhi-.
Esteban Bastida Martín